Entre el escrúpulo y la hipérbole

escrúpulo.

(Del lat. scrupŭlus, piedrecilla).

1. m. Duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o malo, si obliga o no obliga; lo que trae inquieto y desasosegado el ánimo.

2. m. Aprensión, asco hacia algo, especialmente alimentos.

3. m. Exactitud en la averiguación o en el cumplimiento de un cargo o encargo.

4. m. China que se mete en el zapato y lastima el pie.

5. m. Astr. Cada una de las 60 partes en que se divide un grado de círculo.

6. m. Med. Medida de peso antigua, utilizada en farmacia y equivalente a 24 granos, o sea 1198 mg.

~ de Marigargajo, o ~ del padre Gargajo.

1. m. coloqs. El ridículo, infundado, extravagante y falto de razón.

~ de monja.

1. m. coloq. El exagerado y pueril.

Real Academia Española

¿Escrúpulos? Por supuesto, como en prácticamente cualquier decisión política. La duda razonable, el escepticismo metódico, han de ser una constante para no caer en el dogmatismo o en la complacencia, pero no hay que dejar que el escrúpulo, la duda, te atenacen hasta la inanición. La diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo real es que te las has de ver con el mundo tal y como es, con todo lo inesperado, con todo lo hermoso y todo lo feo que tiene. En definitiva, si quieres transformar la sociedad, tienes que participar en ella, para lo bueno y para lo malo. Si no estás dispuesto, puedes convertirte en un eremita o participar en un sublime grupo de debate para ejercitar tu ingenio.

La cuestión es no confundir el fin con los medios. Los medios, ya los conocemos, el fin, lograr difundir a cuanta más gente mejor cosas como esta: http://ciudadanos-cs.org/prensa/Europeas_un_programa_europeista_progresista_y_para_el_ciudadano/2177/

La Universidad: un espacio para la frustración

Gracias a dios, o a que pasan los años, ya no soy universitario. Y no lo digo por la que les espera con lo de Bolonia, sino, sobre todo, porque en este país la universidad es, ante todo, un espacio para la frustración. Efectivamente, la universidad en este país es una verdadera porquería y no por casualidad, sino por una atávica mediocre política universitaria. La universidad en este país se ha convertido en un inmenso gigante corrompido, que sólo canaliza sus escuálidas fuerzas en miserables pugnas de poder. No he visto envidias más infantiles que las de un departamento universitario. No he visto profesionales más frustrados que los del cuerpo de profesores universitarios. Cuanto más te adentras en este pútrido espacio, más respiras ese ambiente enrarecido y más ganas te entran de salir corriendo.

Porque la universidad -cuanto menos- española no es el espacio que estimule el conocimiento y la investigación que debería ser. Si te introduces con esa ingenua pretensión, saldrás muy escaldado. Lo primero que te inculcan es que eso no vale nada, -ya está todo escrito- y a nadie le interesa un pimiento lo que puedas hacer. La lección es otra: cubre el expediente, promociónate, busca buenos padrinos y céntrate en conseguir subvenciones.

Pero no pretendía saldar mis cuentas con la universidad española. Sencillamente reflexionar sobre su modelo, su estructura. Somos herederos de los vicios del Estado de las Autonomías: se han canalizado demasiados esfuerzos en satisfacer la aspiración provinciana de que cada demarcación con su Universidad, a poder ser, con cuantas más carreras mejor, relegando la calidad y racionalidad de la red universitaria. La consecuencia es palpable y de la cual se hace eco el reportaje que adjunto de El País. Están descompensadas las carreras, no son competitivas, falta de especialización, y hay unos intereses creados que no se los salta un torero. Por no hablar de vicios que ha generado, como la falta de movilidad del estudiante español. De hecho, la Universidad, hoy, es poco más que un instituto pretencioso. Casi ná.

Se empieza a palpar en el ambiente la necesidad de incidir en la especialización de las universidades e incentivar la movilidad. Es un buen punto de partida, pero como antiguo universitario no puedo desprenderme de la melancolía de pertenecer a una generación perdida.

REPORTAJE

Una universidad en cada pueblo

El modelo de proximidad democratizó la educación superior, pero hoy está en cuestión - 290 titulaciones apenas tienen aspirantes - El reto es mejorar la calidad

J. A. AUNIÓN - EL PAÍS - 14/04/2009
Entre las universidades de Zaragoza, Salamanca y Valladolid sumaron 30 estudiantes nuevos en la carrera de Estadística el curso pasado. En más de 290 titulaciones de otras tantas facultades publicas entraron menos de 20 alumnos nuevos el año pasado. En un centenar de esos casos se matricularon menos de 10. Teniendo en cuenta que en España hay 47 universidades públicas presenciales con 117 campus, a las que hay que sumar 23 universidades privadas con 48 campus, pueden hacer ustedes mismos la prueba de dividir todo eso entre las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas. El resultado que puede dar a primera vista es que hay demasiadas facultades, y por eso, en un contexto de descenso demográfico, algunas se quedan, casi literalmente, sin alumnos.
Oferta y demanda de carreras en el curso 2007-2008DOCUMENTO (PDF - 1,04Mb) - 14-04-2009
La noticia en otros webswebs en español en otros idiomas Cataluña y País Vasco agruparán o quitarán las carreras con pocos alumnos
Concentrar la oferta de algunos títulos requiere reforzar las becas de movilidadSin embargo, en España hay 1,7 universidades por cada millón de habitantes, tasa parecida a la que hay, por ejemplo, en Inglaterra, por lo que para muchos expertos no es que haya demasiadas, es que son demasiado iguales y todas ofrecen todas las titulaciones (hasta más de 3.000 veces se llegaron a repetir las 140 carreras que existían en España en 2007). Así que la lectura se complica y más aún si se introduce la siguiente idea del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez: "La cuestión no es si hay muchas o no, sino si son buenas o no".
En cualquier caso, con todos estos elementos, lo que parece claro entre los responsables universitarios es que en el camino para modernizar los campus españoles se hace necesario reordenar esa oferta dispersa y, por tanto, ineficiente, con recursos (profesores) también mal repartidos. Un contexto complicado, con un modelo de "proximidad", como dijo en un informe de 2007 el Consejo de Coordinación Universitaria -esto es, que todo el que quiera pueda estudiar lo que quiera lo más cerca posible de su casa-, que si bien presenta ahora problemas, también ha tenido efectos muy positivos.
En los últimos 30 años, el acceso a la Universidad ha dejado de ser elitista. España amplió el sistema en los ochenta y noventa del siglo pasado de tal manera que el porcentaje de jóvenes, de todas las clases sociales, que estudian hoy en los campus está al nivel o por encima de la mayoría de los países desarrollados (el 26% de españoles de 25 a 34 años tiene carrera, la media de la OCDE es del 25%).
En ese tiempo, el sistema creció y creció, al abrigo de una demanda imparable y de la transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas; las universidades fueron aumentando, las públicas hasta mediados de los noventa, y las privadas, después. "Al final del proceso, la defensa de la racionalidad fue un total fracaso; los argumentos del café para todos y del agravio comparativo se fueron imponiendo. No había consejero de educación que no lograra en cada mandato el proyecto de una, dos e incluso tres universidades nuevas para su comunidad. Y, por supuesto, nada de planificación. Todo el mundo miraba su propia realidad coyuntural e inmediata y nadie asumía la responsabilidad de reflexionar sobre las consecuencias a medio y largo plazo", dice un ex alto cargo del Ministerio de Educación en los años ochenta.
Pero el medio plazo llegó, con un descenso de la natalidad que mermó la entrada de alumnos a los campus con el nuevo milenio -el número de estudiantes cayó casi un 12% entre 1998 y 2008-, y algunas carreras de algunas facultades empezaron a vaciarse: algunas filologías, Humanidades, Estadística, Matemáticas, distintas especialidades de ingeniería... Además, el proceso de apertura de la Universidad se hizo a costa, a veces, de una masificación que tuvo costes en la calidad, según aseguraba un informe económico sobre España de la OCDE de 2007.
Y en medio de todo eso, llegó también la reforma de las universidades para adaptarse a un esquema común en toda Europa: el proceso de Bolonia. Aprovechando que el cambio obligaba a adaptar las titulaciones, en los últimos años se ha hablado mucho de esa reordenación de la oferta. En 2005, una propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria (integrado por el Gobierno y los rectores) pedía reducir el número de carreras, por ejemplo, dejando las 14 filologías existentes en cuatro, o eliminando directamente Historia del Arte o Humanidades.
Las protestas de decanos y estudiantes acabaron con esa idea y, finalmente, el Gobierno optó por cambiar el modelo: en lugar de hacer un catálogo de títulos centralizado, cada universidad diseñará sus propias titulaciones siguiendo unas reglas generales. En cualquier caso, aún no se solucionaba el problema de la oferta repetida, que puede seguir existiendo perfectamente si todas siguen ofreciendo casi todo.
"La reorganización de la oferta depende de cada universidad", dice la secretaria general del Consejo de Coordinación Universitaria, Carmen Fenoll, que no cree que haya muchas universidades, pero sí que una titulación con 10 alumnos nuevos cada año probablemente no es viable, no por ineficiencia económica, insiste, sino porque no es una cifra suficiente como para "crear una masa crítica" necesaria. Fenoll admite que uno de los principales instrumentos del Gobierno para incentivar la reordenación es a través de la financiación, pero eso "está ahora en fase de debate", dice.
De hecho, la necesidad de que las universidades se especialicen, al menos algunas, en lugar de ser la mayoría generalistas, algo que debería mejorar la calidad, se ha repetido en los últimos años como un mantra, muy unido al de la revisión de la financiación universitaria. Un extenso informe redactado en 2007 por el Consejo de Coordinación Universitaria proponía vincular parte de la financiación de los campus públicos a criterios de eficiencia y calidad. Por ejemplo, restarle financiación a las carreras con muy pocos alumnos, a no ser que se justifique un interés estratégico de dicha titulación. Este texto hacía la siguiente lectura de la situación: "La apuesta que se ha realizado por un modelo de proximidad se ha mostrado exitosa para la extensión y democratización de nuestro sistema Sin embargo, la clonación con la que se ha producido el desarrollo institucional hace que en la actualidad ofrezcan una reducida especialización académica".
Casi nadie duda de que las universidades españolas hoy son mucho mejores que en los años setenta, que la producción científica ha aumentado considerablemente, también en ciencias sociales o humanidades. Pero con el nivel de desarrollo económico, las metas se vuelven más ambiciosas, por lo que el hecho de que ningún campus español esté entre los 100 mejores del mundo y sólo uno, la Universidad de Barcelona, esté entre los 100 primeros de Europa en los ranking internacionales escuece, y no poco. Las explicaciones que dicen que estas listas son engañosas, porque miden cosas muy generales, aunque ciertas, no suelen consolar. Así, el equipo de Universidades (el todavía dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora acaba de regresar a Educación) lanzó el proyecto de campus de excelencia, formados por una o varias universidades, institutos de investigación, centros tecnológicos y otros organismos públicos.
Un proyecto muy relacionado con la idea de la especialización, pero también con la cooperación entre instituciones universitarias. Y, a su vez, con ese nuevo modelo de financiación que vincula, al menos parte del dinero, a criterios de calidad (que no tienen por qué ser sólo de eficiencia económica, como temen hoy algunos estudiantes y profesores). Pero aquel informe de 2007 para una nueva financiación del Consejo de Coordinación Universitaria cayó en el olvido durante meses y ahora había sido rescatado como "punto de partida" del debate del que hablaba Fenoll. Con el regreso de las Universidades al Ministerio de Educación, con Ángel Gabilondo a la cabeza -un hombre que como presidente de los rectores había reclamado retomar esa discusión a primeros de 2008-, todo está por ver.
En cualquier caso, la reordenación se torna complicada por varias razones. "Visto a la luz de la actual crisis no es extraño que se empiecen a formular preguntas sobre la sostenibilidad de algunas carreras e incluso de algunas universidades", dice el analista educativo de la OCDE Francesc Pedró. "Económicamente, es preferible una consolidación de las carreras con poca demanda, es decir, que se concentren en unos pocos lugares a los que los estudiantes deberían poder acceder gracias a becas apropiadas. Esta consolidación repercutiría en una mayor calidad de la investigación y probablemente también de la docencia. Políticamente, esto significa enfrentarse a una serie de intereses creados, empezando por la comunidad docente afectada por un eventual cierre o transferencia", añade.
La supresión de alguna universidad o de alguna facultad no parece ser una posibilidad para nadie, ya que, como recuerda Fenoll, una universidad supone un gran beneficio social y económico para la región donde se ubica, sin contar con los puestos de trabajo, docentes y no docentes, que supone. Tampoco parece una posibilidad la desaparición de carreras con baja demanda, como se vio cuando se propuso la eliminación de Historia del Arte o Humanidades. Así que una de las soluciones que se barajan es la reagrupación. Por ejemplo, en lugar de ofrecer Filología Románica en cinco facultades, donde se matricularon el año pasado 21 alumnos nuevos, ofrecerla en una o dos; o Estadística, a la que accedieron 203 alumnos nuevos en toda España, en lugar de impartirse en 13 facultades, que se ofrezca en menos. Otra posibilidad es la de unir varias carreras en los primeros cursos, para separarse después.
Ambas las llevará a cabo la Generalitat de Cataluña para las titulaciones con menos de 30 alumnos nuevos al año. Por ejemplo, las filologías con menos demanda, explica un portavoz de la Generalitat, como Románica, Clásica o Eslava, se concentrarán en las universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona. La medida de eliminar títulos con menos de 30 alumnos nuevos al año también se acaba de aprobar en el País Vasco, con las consiguientes protestas de los afectados.
Sin embargo, en las comunidades con una única universidad, no tanto las grandes con varios campus repartidos -como Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura-, sino otras más pequeñas, como las de La Rioja, Oviedo o Cantabria, esta reorganización territorial se torna más compleja. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez, es el actual responsable del Grupo G-9, que representa a todas esas instituciones superiores públicas únicas en su comunidad. Martínez dice que el tema se ha debatido en el G-9, y habla de acuerdos como el de las universidades de Oviedo, País Vasco y Zaragoza para que los posgrados de Matemáticas de todas sus facultades sean complementarios y no se pisen. Precisamente, Francesc Pedró se decanta por "un modelo en el que los grados universitarios básicos (no todos, sólo los genéricos como en derecho, economía, ciencias, etcétera) se pudieran cursar en cualquier lugar, pero que con los másteres se creara un mapa de titulaciones que repartiera juego en el territorio".
Pero el rector Ernesto Martínez también insiste en que no está nada claro cuál es el número mínimo de alumnos adecuado para una titulación y que, en cualquier caso, habría grandes dificultades para desplazar a profesores funcionarios. En este punto, Pedró se pregunta: "¿Qué incentivos se pueden ofrecer a los docentes e investigadores para que se desplacen a otro lugar o encuentren trabajo fuera de la Universidad?" Una pregunta complicada en un momento de crisis económica, en el que se está discutiendo el estatuto del profesorado universitario y en el que está por ver cómo se desarrollan lo cambios legales que permiten flexibilizar las funciones docentes, hoy muy circunscritas a su especialidad.
Pero aunque se resolvieran todas las dificultades anteriores aún quedaría otra más, y no pequeña. Si por fin se especializan las universidades, si se reordena la oferta y se reagrupan las carreras con menos demanda en algunos campus, habrá que conseguir desplazar a los alumnos hasta el centro que ofrece lo que buscan. La secretaria general del Consejo de Coordinación Universitaria, Carmen Fenoll, insiste en que la baja tasa de movilidad estudiantil -sólo el 11,5 % de los nuevos universitarios se matricula fuera de su comunidad- tiene un fuerte componente "cultural", es decir, que a los españoles les cuesta moverse lejos de los suyos para estudiar o trabajar. Es cierto, pero el hecho es que ese modelo de proximidad del que hablaba el Consejo de Coordinación Universitaria en el informe de 2007 también "parece haber afectado al nivel de inversión aplicado a la movilidad estudiantil [...] Del esfuerzo presupuestario realizado, una tercera parte se ha destinado a financiar las tasas de matrícula, quedando las dos terceras partes restantes para financiar un amplio abanico de ayudas entre las que figuran muy minoritariamente las específicas de movilidad".
Aunque es cierto que la cuantía de las becas de movilidad ha aumentado en los últimos años (llegan hasta los 5.700 euros anuales para las rentas más bajas), los expertos coinciden que ese nuevo esquema requeriría mucho más esfuerzo. Y por supuesto, vencer esas resistencias culturales a la movilidad.

Etnia y valores republicanos

Interesante debate está teniendo lugar en Francia. Ciertamente, el modelo republicano francés de integración se asentaba en una premisa consecuente: se trataba de concebir al individuo, ante todo, como ciudadano francés. Tras la famosa revuelta de la racaille en Francia, sacando a la luz el descontento de la segunda generación de ciudadanos franceses originarios allende las fronteras patrias, se tomó conciencia de que algo estaba pasando, que algo estaba fallando en la consecución de la Igualdad republicana.

Ante este panorama, se está planteando establecer un censo étnico para analizar la situación. La polémica está servida y trasciende los meros planteamientos axiológicos. Aunque, no lo olvidemos, de los valores emanan las acciones y sin lugar a dudas, el censo de la discordia puede afectar al ideal de sociedad republicano y, al modo anglosajón, asentar comunidades diferenciadas en función de la premisa étnica. Félix Ovejero acostumbra a ilustrarlo con el siguiente ejemplo: si coges un conjunto indistinto de personas y los agrupas en función de un elemento arbitrario e incluso absurdo, como el último dígito de su DNI, esas personas empezarán a encontrar similitudes inadvertidas: en definitiva, construirás una identidad. El riesgo puede ser mayúsculo cuando, encima, esa taxonomía de los ciudadanos se establece de forma subjetiva: cada individuo valora cual es su etnia. No sólo potencias que los individuos se planteen a sí mismos desde un punto de vista étnico, sino consigues que esa persona esté marcada oficialmente en adelante con esta distinción y le condicione en su ser social y político.

Con todo, esta medida sugiere, a su vez, prevenciones concretamente metodológicas. En Francia se asume que la intregración republicana está fallando. No se tiene, oficialmente, ni repajolera idea de por qué y el censo se contempla como método de análisis. Se aspira que una vez recogidos los datos de los franceses que se consideran A ó B, se puedan cotejar con otros datos que miden el acceso a diferentes recursos y, así, inferir la relación de ambos factores para establecer políticas concretas. El planteamiento es falaz y la consecución banal: se concluirá en la linea de lo que la simple intuición ya anuncia: los margis serán, mayoritariamente el colectivo que se siente A ó B. ¿y bien? seguirás sin tener ni repajolera idea si se trata de discriminación racial (o étnica), incapacidad de repercutir por parte del poder público en ciertas poblaciones, dificultad cultural de integrarse en el marco republicano o la existencia de estructuras sociales refractarias a la integración republicana. Seguirás, en definitiva, sin saber qué medidas a llevar a cabo te pueden ser efectivas y, encima, como ya hemos comentado, agravarás la distinción étnica de los franceses.

Este planteamiento estadístico adolece, en definitiva, de la dictadura de los análisis cuantitativos inducidos por la sociología. Una perspectiva cualitativa del fenómeno, a parte de ser mucho más discreta, permite encarar de forma mucho más variada la problemática de estas poblaciones. Observaciones participantes, entrevistas, etcétera, permiten conocer, no sólo el motivo del descontento, sino los valores de las personas implicadas, las estructuras sociales en las que están inmersas y la relación con las instituciones republicanas, es decir, las características y matices de una parte de la sociedad francesa y las instituciones que están fallando.

Nótese un detalle representativo: en el reportaje se consulta a un elevado número de sociólogos e incluso a un catedrático de filosofía. Llamativa ausencia de antropólogos, especialmente cuando eso de la etnia ha sido motivo de estudio tradicional de esta disciplina académica, hasta el punto de que, sin ir más lejos, precisamente en Francia es conocida como etnología. Si hubiesen hablado con un antropólogo, cuanto menos, les hubiese aclarado que el concepto de etnia carece de rigor científico, que está hoy en día en desuso y que su significado se ciñe, meramente a un conjunto de individuos identificados por alguna seña considerada consustancial e integradora de forma arbitraria, específicamente utilizada para los pueblos llamados primitivos.

REPORTAJE

LUZ ESTADÍSTICA SÍ, CENSO ÉTNICO NO

La decisión francesa de contar a sus minorías rompe el tabú que generó el nazismo - Otros modelos prueban que la foto social sirve para integrar si se equilibra con leyes claras contra la marginación

ORIOL GÜELL - EL PAÍS - 01/04/2009

Elaborar un mapa étnico de Francia es para muchos algo tan incompatible con sus valores republicanos como abrir las puertas de Versalles a un nuevo rey. Pero eso es precisamente lo que quiere hacer el presidente, Nicolas Sarkozy, mediante encuestas que permitan "radiografiar" la sociedad para "medir la discriminación y la eficacia de las políticas de integración", en palabras del comisario de la Diversidad, Yazid Sabeg, de origen argelino.

El objetivo es noble, pero rompe con un tabú de la Francia republicana, donde hasta la fecha está prohibido hacer encuestas que pregunten sobre el color de la piel, la religión o su origen. La última ley data de 1978, pero los límites a estas estadísticas se remontan a los años posteriores al régimen de Vichy, cuyo censo de judíos sirvió para mandar a decenas de miles de personas a los campos de concentración nazis. Medir la diferencia, sostienen los críticos con el plan, "es darle más importancia que a los valores compartidos de igualdad, fraternidad y libertad". "Francia no debe convertirse en un mosaico de comunidades", sentenció otra miembro del Gobierno, Fadela Amara.

La gran polvareda política levantada en Francia por esta decisión ha tenido un notable eco fuera del país y en círculos académicos de toda Europa. No sólo por el cambio que supone en un país muchas veces admirado por su modelo, sino porque aporta un nuevo elemento de debate en la siempre delicada relación entre los Gobiernos y sus políticas, la inmigración y la discriminación racial.

Entre los expertos se repite la división que puede verse en Francia, desde los que adoptan un punto de vista pragmático -"cuanto mejor conozcan los Gobiernos a las sociedades a las que deben dirigir sus políticas, mejor"- hasta los que recelan de toda "división social que se base en el color de la piel, el origen o la religión, como la historia nos ha enseñado".

El catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos Octavio Uña es de estos últimos. "Me parece peligroso", resume. "Las cuestiones étnicas, la necesidad de identificar al otro, al diferente y al que se ve como un problema, siempre surge en tiempos de recesión económica. Siempre se justificarán estas decisiones, pero el mensaje que se lanza no me parece bueno", afirma.

En el punto de vista contrario se sitúa Fermín Bouza, catedrático de Sociología de la Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid. "Las encuestas y las estadísticas no son más que una herramienta y, como tal, son neutras y pueden tener un uso beneficioso. Los políticos y los sociólogos tenemos que saber dónde están las desigualdades, y las encuestas son quizá la mejor herramienta para averiguarlo", opina.

Aunque el Gobierno francés aún no ha detallado cómo elaborar sus estadísticas étnicas, sí ha adelantado que será mediante encuestas. Éstas son las preferidas por Bouza y otros expertos consultados, porque no son invasivas (el entrevistado no está obligado a contestar ni a dar su nombre) y ofrecen el punto de vista del ciudadano: él es quien decide si se considera árabe musulmán, negro o de cualquier otro colectivo, lo que ofrece a los Gobiernos la imagen subjetiva y por tanto más ajustada a las necesidades reales de quienes pretende ayudar.

Sobre la polémica levantada en Francia, Bouza la considera "un poco exagerada, muy en la tradición francesa de darle grandes vueltas a los conceptos que para ellos son fundamentales". "Pero la etnia, desafortunadamente, está muchas veces estrechamente ligada con la desigualdad, y para todo país es importante delimitarla y desarrollar políticas públicas contra la discriminación".

Para Fernando Vallespín, ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la polémica muestra "cómo los países europeos están adaptando sus políticas relacionadas con la inmigración y los cambios que ésta ha causado en sus sociedades". "Francia era el mejor ejemplo del modelo de asimilación, donde el país te abre las puertas y te dé la nacionalidad rápido a cambio de que tú hagas el esfuerzo de integrarte y asumir los valores del país de acogida, incluso por encima de los de tu país de origen".

El modelo francés ha funcionado bien en muchos casos -"sorprendentemente bien, incluso en tiempos de mayores oleadas migratorias", dice Vallespín-, aun a costa de que los descendientes de los inmigrantes hayan perdido en una o dos generaciones el idioma de origen. Hoy es común encontrar en Francia a políticos, empresarios o funcionarios de nombres y apellidos españoles (o italianos o portugueses) tan integrados que apenas saben pronunciar unas palabras del idioma de sus abuelos. Pero, en otros casos, los resultados no son tan evidentes. Es la Francia de la periferia de París, Lyon o Marsella, donde los hijos y nietos de inmigrantes se lanzaron en 2007 a quemar coches en protesta por la falta de oportunidades y la discriminación de la que se sienten víctimas.

"Es cierto que la revuelta extendió la sensación de que el modelo de asimilación estaba en crisis. Pero no es sólo en Francia", sostiene Vallespín. "En Holanda, que representa el modelo opuesto, el multicultural donde la diferencia no sólo se respeta sino que se garantiza con ayudas para que los inmigrantes conserven su cultura y sus costumbres, también hubo la misma sensación tras los asesinatos de Pim Fortuyn y Theo van Gogh. Al final, los holandeses han descubierto que sus políticas generaron una especie de etnocorporativismo, en el que el incentivo no es para integrarse, sino para mantenerse distinto al país de acogida".

El acalorado debate político causado por la propuesta de Sarkozy ha tenido su propia versión, más pausada pero no menos intensa, en círculos académicos y sociológicos franceses durante más de una década. Patrick Simon, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, es un partidario pragmático de las estadísticas étnicas, que ve como "necesarias y compatibles con los valores republicanos de Francia". "Las revueltas de 2007 mostraron que existen colectivos que se quejan del paro, de la falta de oportunidades... Son hijos y nietos de inmigrantes que, a diferencia de sus padres y abuelos, no salen en las estadísticas porque son franceses y han nacido aquí. ¿Cómo se diseñan así políticas eficaces para ellos? Necesitamos estas estadísticas", afirma.

Simon considera que las políticas sociales relacionadas con la inmigración no deben ceñirse a modelos cerrados, y que es posible aprender de lo desarrollado en otros países. Un ejemplo sería la comparación entre distintos colectivos o etnias del acceso al empleo, la vivienda o cualquier otra variable, algo muy común en Estados Unidos o Reino Unido. "Si yo, francés, nieto de argelinos, voy a buscar trabajo y se lo dan siempre a otros con la piel más clara, puedo sospechar que soy víctima de una discriminación racial. Pero, ¿cómo lo demuestro? Necesito estadísticas que revelen que el 20% de los jóvenes que buscan trabajo en mi ciudad tienen mi mismo origen, pero esa empresa sólo tiene un 4% de trabajadores de origen magrebí. Así es como se lucha contra la discriminación", explica Simon.

Dvora Yanow es una de las mayores expertas estadounidenses sobre la compleja relación entre la categorización étnica y la lucha contra la discriminación desde las políticas públicas. Actualmente es investigadora en la Universidad de Vrije, en Ámsterdam. Comparte la idea de que es necesario elaborar estadísticas étnicas: "No hay otra forma de descubrir la discriminación que dividir la sociedad en partes y observar con atención si las más vulnerables tienen peores indicadores laborales, educativos y económicos que la media de la población". Pero también alerta del peligro de que, al hacerlo, se consiga un resultado opuesto al deseado, uno de los argumentos más utilizados en Francia por los críticos con la propuesta de Sarkozy. "El lenguaje que utilizamos influye decisivamente en la forma que percibimos el mundo. Y en una sociedad plural pero sin grandes divisiones internas, si empezamos a utilizar repetidamente categorías relacionadas con la raza y la etnia, al final se corre el riesgo de agrandar y cristalizar esas divisiones. El problema es que al final acabemos hablando sólo de una sociedad de negros, blancos y árabes donde antes había una sociedad plural".

El otro motivo por el que la iniciativa francesa ha despertado tanto interés es porque muchos países europeos aún están buscando un modelo con el que hacer compatible la obtención de datos precisos sobre el impacto de la inmigración en sus sociedades y las estrictas leyes de protección de datos que rigen en todos ellos, según un estudio encargado por el Consejo de Europa, titulado Estadísticas étnicas y protección de datos en los países del Consejo de Europa, publicado en 2007 por Patrick Simon.

El estudio ofrece un panorama muy complejo, con una gran variedad de situaciones y marcos jurídicos entre los 42 países del Consejo de Europa. A modo de síntesis, el punto de partida se situaría tras la II Guerra Mundial, cuando los países desarrollaron leyes para proteger los datos de sus ciudadanos que en el pasado habían servido para desatar persecuciones y matanzas en base a la nacionalidad, la ideología o la religión. En el caso de minorías culturales o étnicas importantes como las del Este de Europa o los Balcanes, o en Estados con varias comunidades como Suiza, la solución elegida fue la contraria: garantizar a sus miembros derechos respaldados por el Estado para evitar su discriminación.

La llegada de los primeros inmigrantes empezó a cambiar la situación, pero no supuso un problema para los países en cuanto a la obtención y manejo de la información sobre los recién llegados, ya que las autoridades miden con precisión el número de extranjeros que viven en cada país. Francia, Holanda, Reino Unido, Suiza o Alemania vivieron esta fase en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, mientras otros como España o Italia lo han hecho más recientemente.

El problema al que ahora se enfrenta Francia surge cuando las poblaciones inmigrantes se asientan en un país, obtienen la nacionalidad y forman familias, creando bolsas de población que pueden requerir políticas específicas y que "desaparecen de las estadísticas", según Simon. Es decir, mientras los primeros inmigrantes son medibles con términos objetivos, como su nacionalidad o el país de nacimiento, a sus hijos, nacidos en el país de acogida y nacionalizados, ya sólo es posible medirlos utilizando otros criterios mucho más subjetivos y controvertidos como el de etnia, lo que choca con las leyes de protección de datos.

Las nuevas leyes contra la discriminación son las que permiten superar este obstáculo. Por un lado, porque están diseñadas para promover la integración de los hijos y nietos de inmigrantes y elaboran estadísticas sin vulnerar sus derechos. Y, por otro, porque dotan a los Gobiernos de herramientas para diseñar y aplicar sus políticas de integración.

El estudio del Consejo de Europa muestra que queda mucho camino por recorrer. Sólo Reino Unido y Holanda han desarrollado legislación contra la discriminación compatible con los límites impuestos por la ley de protección de datos. No es casualidad que estos dos países sean los exponentes del multiculturalismo, con una larga tradición de reconocimiento y respeto a la existencia de minorías.

El estudio llama la atención de otro gran país con una larga historia de inmigración, Alemania, que sin embargo "hasta muy recientemente, en 2007, no ha empezado a dar los primeros pasos para regular las estadísticas étnicas". Y muestra casos como el de Bélgica, donde los límites impuestos, muy severos en lo que se refiere a preguntar a los ciudadanos sobre su lengua materna, revelan las tensiones internas del país entre flamencos y valones.

Los países con procesos de inmigración más reciente y donde no se realizan estadísticas étnicas, como España e Italia, "ahora pueden gestionar bien las políticas para inmigrantes porque éstos son aún extranjeros y figuran así en las estadísticas oficiales". "Pero en el futuro los hijos y nietos de los inmigrantes obtendrán la nacionalidad española, y desaparecerán de las estadísticas. El Gobierno se quedará sin datos para diseñar políticas contra la discriminación", advierte Simon.

Ana Jurado, subdirectora general del Instituto Nacional de Estadística español, recoge el guante: "No nos ocurrirá eso. España cuenta con un sistema de padrón del que Francia carece. Este sistema nos permitirá, si es necesario, seguir los movimientos de los descendientes de los inmigrantes y saber dónde se concentran", dice.

La situación del pueblo gitano ofrece otro ejemplo de las reacciones tan dispares que generan las estadísticas étnicas según el caso. Mientras la decisión del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, de crear un censo de gitanos levantó el año pasado una oleada de protestas en Italia y Europa por los tintes xenófobos de la iniciativa y sus promotores, en España fueron las propias organizaciones gitanas las que hace algunos años acudieron al CIS para pedir algo parecido. "Lo que querían eras gitanos en España para ponerse en contacto con ellos para organizarse y tener más fuerza a la hora de pedir y promover políticas de apoyo", recuerda Fernando Vallespín. "Les tuve que decir que en España no se hacen este tipo de censos", concluye.

¿Y qué es una etnia?

La controversia que acompaña a las estadísticas étnicas no es sólo política y sociológica, sino que también atañe a la misma definición del concepto de etnia. "No existe una definición consensuada", afirma Pedro Gómez García, catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada.

"Se ha dicho que un grupo étnico es aquél que comparte una o varias de las siguientes características: rasgos físicos, religión, idioma, cultura o incluso territorio. Pero es un concepto tan difuso que difícilmente servirá para el diseño de políticas sociales eficaces", añade.

Patrick Simon, en su estudio sobre Estadísticas étnicas..., también subraya la disparidad de definiciones de etnia utilizadas en los países del Consejo de Europa.

Otros estudios muestran que la identificación con una etnia es subjetiva, lo que la hace poco fiable estadísticamente. Un caso típico es la tendencia de los individuos a identificarse en una sociedad plural con el grupo étnico reconocido como más rico o poderoso.