La rentabilidad de la ilegalidad

Prescindir de la ley parece que está de moda por parte de las instituciones en Cataluña, lo cual es particularmente grave ya que las administraciones públicas están especialmente sujetas a la ley puesto que es en función a ésta que pueden actuar. En definitiva, para lo que están es para cumplirla y hacerla cumplir. Así pues, es una actitud un tanto osada ya que así difícilmente pueden tener legitimidad ante la ciudadanía para intentar hacer cumplir nada y ponen a la fiscalía del Estado en el brete de tener que intervenir. Y no es que se rijan por la antigua máxima de que se acata pero no se cumple porque el principio, no sé si jurídico, al que se acogen es el de que, como el de antaño, sólo responden ante Dios, que en este caso es la Nación, y la Historia.

El último caso nos transporta a la hermosa población de Vic, donde el consistorio ha tenido a bien saltarse la Ley de Bases de Régimen Local decidiendo no empadronar a los extranjeros en situación irregular a pesar de su obligación de hacerlo. Los munícipes arguyen que la medida pretende hacer frente estas irregularidades y los problemas que generan. Nadie pone en duda que la inmigración irregular es problemática, ahora bien, los ayuntamientos poseen poderosos instrumentos para hacer frente a muchos de esos problemas, especialmente los que inciden en la marginalidad que la acompaña, su fuente fundamental. Por supuesto, es mucho más cómodo, barato y rentable electoralmente cargar contra esa gente saltándose la legalidad que llevar a cabo políticas eficientes contra la marginalidad en el ámbito de sus competencias.

Sin duda alguna, los vigitanos hacen muy bien reflexionando sobre los motivos del elevado número de extranjeros en su municipio y las formas de abordar un fenómeno que significa el 23% de la población. Pero habría que centrarse en cuestiones como la natalidad o las condiciones laborales para entender la situación y no limitarse a mirar desde el rechazo al forastero. Esta actitud la ha ido enarbolando la correctamente denostada Plataforma per Catalunya, pero la ilegalidad la ha llevado a cabo un gobierno municipal formado por CiU, PSC y ERC siguiendo los alarmantes planteamientos del partido de Josep Anglada.

La preocupante pregunta es si estos partidos pretenden combatir electoralmente a PxC asumiendo sus planteamientos, lo cual significaría su victoria, además de una demostración más de la impostura de estos partidos con sus pretendidas posiciones respecto a la acogida y la integración, por no hablar de su evidente prioridad electoralista. Ciertamente, me gustaría saber si las direcciones de estos partidos tienen prevista alguna medida disciplinaria para sus compañeros vigitanos.

Vic fue la población donde más éxito tuvo el pasado 13 de diciembre la oleada de consultas sobre la secesión de Cataluña. Paradójicamente, se permitió a los extranjeros empadronados participar en la actividad, medida acertada para dar la imagen de respeto a la pluralidad. Pero a nadie se le debería escapar que nacionalismo y xenofobia son las dos caras del desprecio a la diversidad, del afán de cerrarse al mundo. Ojalá no se confirme su fusión, porque todo esto mezclado con el desprecio a la legalidad nos puede llevar a una situación muy desagradable.