El alcalde de Vic insiste en poner a los extranjeros en situación irregular de su población en el centro de la diana. Ahora se propone delatar (práctica que tristemente se está poniendo de moda por estos lares) a los que se les ocurra empadronarse en Vic. Da igual que la Delegación del Gobierno y diferentes juristas hayan advertido de su ilegalidad. El respeto a la legalidad, tristemente también, no está demasiado de moda en las instituciones catalanas. Da igual que sea una tendencia que puede llevar a la feudalización de las administraciones (con la de nostálgicos de la edad media que nos gobiernan, tan amantes de resucitar como un espectro instituciones medievales como las veguerías, es posible que muchos estén encantados con esta posibilidad), de lo que se trata es de asegurarse votos ante el riesgo que le supone a CiU el efecto seductor ante su propio electorado de los discursos de tinte xenófobo de Plataforma per Catalunya, que no en balde es la segunda fuerza en el consistorio vigitano.
Sin duda, la ley de extranjería en vigor es susceptible de mejoras, pero un ayuntamiento no puede ni tan siquiera coquetear con la idea de incumplir con la legalidad. Ciertamente, la inmigración irregular es un problema, especialmente, porque nutre una economía sumergida que ni cotiza ni paga impuestos, pero los verdaderamente beneficiados de esta situación son los empresarios que recurren a esta fuerza de trabajo y todavía no he visto a ningún partido de los que tan sensibilizados están con la inmigración ilegal denunciar esta situación. Ahora bien, con la situación de crisis económica que nos encontramos, regular los flujos de inmigración internacional no es, ni de lejos, uno de los principales retos que tiene ante sí nuestra sociedad. El verdadero efecto llamada de la inmigración es el trabajo, factor que, desgraciadamente, escasea en estos momentos, por lo que los indicios que disponen los especialistas es que los flujos de inmigración se han revertido.
Así que, el principal reto ante el que nos encontramos es el de conseguir que la economía vuelva a emprender el vuelo y los inmigrantes no son, ni de lejos, los responsables de esta situación, antes el contrario, han dinamizado muchos sectores productivos y representan una aportación fundamental en nuestra estructura de población que puede resultar vital para el mantenimiento de nuestro sistema de pensiones, cuestión que el PSOE no ha tardado en poner en el candelero al sugerir el retraso de la edad de jubilación. Así pues, agitar los miedos de la gente en tiempos de crisis con cuestiones tan sensibles como la inmigración es una injusticia, porque los extranjeros no tienen culpa alguna de lo que está sucediendo y una irresponsabilidad porque genera tensiones innecesarias y que además distraen de lo que tiene que ser el meollo de la vida política, que es la recuperación económica.
La mayoría de partidos ha entrado en esta carrera por el voto del miedo al inmigrante. Unos sumándose descaradamente, como el PP de Alicia Sánchez Camacho, que no ha tardado en animar a sus ediles a presentar mociones en el mismo sentido que el de Vic en todos los ayuntamientos y otros, como PSC y ERC, intentando mirar hacia otro lado, renunciando a hacer pedagogía o explicar su postura en el asunto, lo que proponen es un irresponsable pacto de silencio sobre estas cuestiones en campaña electoral, brindando ese campo abierto a las soflamas de Plataforma per Catalunya.
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